APRENDER A MIRAR LA REALIDAD DE NUESTRO MUNDO (IV)

Los 'otros': la España de los excluidos

«Los excluidos son las víctimas colaterales del progreso. La producción de residuos humanos o, para ser más exactos, seres humanos residuales (los excedentes y superfluos) es una compañera inevitable e inseparable de la modernización». El crudo análisis parte de Joaquín García Roca, profesor de la Universidad de Valencia y autor del prólogo del V Informe FUHEM (Fundación Hogar del Empleado, entidad privada sin ánimo de lucro) de Políticas Sociales, dedicado esta vez a la exclusión social y el Estado de bienestar en España.

El voluminoso estudio, elaborado por numerosos especialistas en la materia, plantea sin miramientos un sombrío diagnóstico de cómo nuestro país trata la España de los excluidos, a esos 'otros' que sobreviven en el submundo de la pobreza o vagan, como fantasmas, en epígrafes que no delatan por sí mismos la tragedia de sus protagonistas: prostitutas, drogadictos, 'sin techo', reclusos, inmigrantes, parados, discapacitados, madres y menores sin recursos...

Excluidos son «los que se quedan a la puerta de entrada» y el trabajo, el consumo, la seguridad o la autonomía individual son las 'lindes' que determinan el estar dentro o fuera. La globalización económica, sostiene el informe, no sólo ha traído extranjeros, sino también extraños que no encajan entre nosotros. Y no tanto por la xenofobia (miedo al extranjero), sino por la 'aporofobia' (miedo el pobre). Conclusión: no se margina al inmigrante si es rico, ni al negro que es afamado jugador de baloncesto, ni al jubilado con un alto patrimonio; marginamos a los pobres.

Desigualdad

Fernando Vidal, profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas y editor del libro, asegura que «vivimos en una España significativamente más pobre que la media europea y cuyas políticas no sólo son más ineficaces para reducir dicha pobreza, sino que, pese a la mejora de los indicadores económicos, incluso ha impedido que se reduzca durante el último quinquenio».

Pese al visible crecimiento económico, España es en esta década «una sociedad menos cohesionada y segura». El desarrollo deja a su paso una 'sombra' de marginación repleta de náufragos. Son un nuevo ploretariado formado por inmigrantes, jóvenes y mujeres, y muchas otras personas obligadas a la precarización laboral. «La persistencia de la pobreza en un período de bonanza económica supone un aumento de la insolidaridad social», arguye el autor.

Luis Ayala, autor de otro de los capítulos, subraya que España es uno de los países más desiguales de Europa, sólo superado por Grecia y Portugal, y anota que esta desigualdad «apenas se ha reducido ni mejorado su perfil distributivo en los últimos 15 años«, a pesar de haber vivido un contexto de bonanza económica.

Medidas de choque

Atajar este pesimista escenario de la situación requiere, a juicio de los especialistas, una serie de medidas de choque, entre las que destacan la necesidad de alcanzar el 0,4% del gasto nacional en lucha directa contra la pobreza y la exclusión social para el 2009, con el objetivo de converger con la media de la inversión en esta materia en los países de la UE. Actualmente, dicen, el gasto en nuestro país está limitado a la mitad y asciende al 2%.

Pero esta inversión, aunque determinante, no es suficiente para hacer frente a la brecha abierta entre la sociedad desarrollada y los marginados o 'desviados' por sus aparentes avances. El informe FUHEM defiende que el futuro Plan Nacional de Inclusión (PNAI), el cuarto, debe tener presente una serie de prioridades 'irrenunciables' de actuación, entre las que figura la tramitación de una Ley Nacional de Garantía de Ingresos Mínimos.

Víctor Renes, de Cáritas Española, arguye que, en España, las rentas mínimas son gestionadas por las CCAA. «Es casi el único país de Europa en el que la garantía de ingresos y la protección a las situaciones de pobreza y necesidad, que deben ser políticas generalistas, no corresponden plenamente al Estado». Un aspecto, parece que no del todo positivo, de la descentralización. Se producen, precisa, déficits notables por las diferencias entre las autonomías y, en esta materia, se requiere lo más parecido a un sistema integrado.

Erradicar la pobreza severa

El nuevo PNAI debería, además, tener como línea medular de actuación un plan dirigido a la «erradicación de la pobreza severa». Pero, además, para conocer la realidad y, por tanto, planear y evaluar medidas, urge tramitar una Ley Nacional de Evaluación sobre Exclusión Social, mantiene el estudio. El informe precisa también la necesidad de adoptar políticas sectoriales vinculadas con la vivienda, el empleo y la educación.

En materia de vivienda, abogan por la puesta en marcha de un programa de fundaciones de barrios desfavorecidos, que permita mayores «grados de autogestión» en el control de las plusvalías de los planes generales de la actuación urbana, un objetivo que trasciende el mero cooperativismo para la vivienda social. Reclaman, asimismo, una Ley Nacional de Inserción Laboral, integrada en el PNAI y que incluya legislación de apoyo para las empresas que apuesten por la inserción de sectores excluidos.

El tercer pilar, la educación, debe tener claro que «no se han hecho frente a los fracasos educativos, de los que los colectivos pobres son un claro exponente». Tampoco a los déficits formativos y de capacitación. A ello se une que «aún no está resuelto todavía cómo abordar el nuevo fenómeno de la multiculturalidad».«Las leyes de enseñanza no están enfocando adecuadamente la atención a los niños y jóvenes en riesgo social ni a sus familias en el ámbito educativo», dice Renes, quien aboga por incorporar a la legislación vigente en materia educativa una «disposición especial para los estudiantes en riesgo social».